El diputado poblano Julio Huerta Gómez celebró la rendición de cuentas que realizó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ante más de 350 personas en el Zócalo de la Ciudad de México al rendir su informe por los primeros 100 días de su gobierno, periodo histórico en el que “desde los congresos locales también se ha impulsado la aprobación de reformas constitucionales que garantizan gobernabilidad y justicia”.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Puebla saludó el apoyo que ha recibido la primera presidenta de México, que ha quedado demostrado en las recientes encuestas que registran hasta un 80 por ciento de aprobación a su gestión.
Enfatizó que el arranque de esta administración federal no tiene precedente, pues en los primeros tres meses se logró la aprobación de 16 reformas constitucionales que son claves para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, y para fortalecer el marco legal de acceso a derechos, seguridad, justicia y bienestar.
Huerta Gómez resaltó la reforma al Poder Judicial, que permitirá a la población participar de manera directa en la elección de las personas encargadas de impartir justicia y con la que se terminarán las injerencias de este Poder en las competencias del Legislativo y el Ejecutivo.
Asimismo, subrayó la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, donde se amplía el catálogo de delitos que ameritan esta sanción a la extorsión y otras actividades vinculadas al manejo ilegal de sustancias químicas y drogas sintéticas.
Julio Huerta mencionó que desde el congreso estatal es necesario adecuar las legislaturas locales para articularlas con las leyes federales y generar una sinergia que haga más profundos los cimientos de la transformación.
Aseguró que las reformas constitucionales, como las propuestas que no requieran la aprobación de la mayoría de los congresos locales, que la presidenta Sheinbaum presente en los próximos meses encontrarán el mismo respaldo porque en Puebla y en todas las entidades federativas nadie puede estar en contra de que se amplíen los derechos, se garantice la vivienda digna para todos, se amplíen y mejoren las vías de comunicación y se siga trabajando para garantizar la seguridad atacando las causas que la generan.