La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen a tres iniciativas para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal local, en materia de extorsión, propuestas por la diputada local Tania Nanette Larios Pérez (PRI); la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo; y la titular de la jefatura de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina.
El diputado, Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente de la comisión dictaminadora, mencionó que, durante el lapso de análisis del dictamen, se recibieron observaciones para enriquecer el instrumento legislativo, mismas que fueron consideradas para su construcción. Afirmó que las modificaciones propuestas al Código Penal local buscan dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, a efecto de garantizar la seguridad de sus bienes y su integridad.
Por su parte, el diputado Mario Enrique Sánchez Flores (PAN) afirmó que convertir la extorsión en un delito grave en la capital “es sin duda de gran importancia, ya que se protegerá a la ciudadanía, pues ese delito acarrea consecuencias devastadoras para las víctimas; pero además impacta de manera directa a la economía al desalentar la inversión en la capital y, porque además, este proyecto de decreto fortalece la justicia al convertir la extorsión en un delito prioritario”.
Además, el fraude telefónico, la extorsión y el robo de identidad, así como otros delitos cometidos a través de medios digitales e informáticos, se han incrementado de manera alarmante en los últimos años. Estos delitos no solo vulneran la seguridad financiera de las personas y empresas, sino que también afectan gravemente la confianza en el sistema bancario, la privacidad y los derechos fundamentales de las víctimas, indica la iniciativa de la alcaldesa de Cuauhtémoc.
Por su parte, la iniciativa de la jefa de Gobierno establece que las múltiples maneras en que se comete el delito de extorsión, su impacto en la dignidad, vida e integridad física y psicológica de las personas, y el derecho a vivir en un entorno libre de violencia, requieren replantear la forma de entender y enfrentar esta práctica ilegal para abatirla de manera integral, y así garantizar la plena eficacia del derecho humano a la integridad personal en todas sus dimensiones.
Las iniciativas coinciden en que el delito de extorsión, además de afectar los bienes materiales de las personas, también implica un atentado directo a su tranquilidad, al colocarlas en un estado de desequilibrio físico y psicológico, que no termina al momento de satisfacer las demandas de quien perpetra el delito.
Por todo lo anterior, se propone reformar la normativa jurídica con el propósito de disminuir los índices de conductas delictivas bajo la modalidad de fraude o extorsión, para lo que la comisión dictaminadora aprobó reformar el artículo 253; adicionar los artículos 148 quater, 148 quinquies y 163; y derogar los artículos 209 y 236 del Código Penal para el Distrito Federal.
