Esta mañana, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación dio a conocer parte de los excesos del poder judicial, entre los que se encuentran la cancelación de 12.448 audiencias entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de este año.
La titular de Segob, hizo hincapié en la falta de procesos ya que en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que de las 21.000 personas que se encuentran recluidas en penales federales, 6.097 de ellas no cuentan con una sentencia, mientras que el 34% de las personas en esta situación llevan entre nueve y doce años en la cárcel y sin resolución de un juzgado.
“A través de suspensiones, el Poder Judicial se han obstaculizado la aplicación de algunas leyes, obras y reformas que favorecen el pueblo de México”, puntualizó.
También informó que han existido injerencias del poder judicial en asuntos electorales, han habido procesos viciados en selección de jueces, nepotismo donde, aseguró que la mitad del personal; es decir, 49%, equivalente a 24 mil 546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial, el 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en el PJF, los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el PJF y el 23.7% del personal del PJF tiene más de cuatro familiares trabajando en la institución.
De acuerdo al informe presentado, la persona que acumula más familiares en el PJF tiene 26 parientes trabajando, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales.
Asimismo, Rodríguez indicó que los sueldos del personal del PJF son excesivos, contraindicando lo establecido en la Constitución en la reforma al artículo 127, fracción II del 2019, que: señala que “Ningún servidor público podrá recibir remuneración… por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
También fue muy puntual en al menos 13 casos en los que algunos jueces han beneficiado a delincuentes; entre ellos narcotraficantes, ex gobernadores y personas acusadas de lavado de dinero.
