La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) manifestó que el incumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales para frenar la reforma al Poder Judicial constituye una clara ruptura del Estado de Derecho.
En ese sentido, rechazaron la determinación tomada por el Consejo de la Judicatura Federal, (por mayoría de cuatro votos), de participar en la ejecución de la reforma judicial en desacato a las determinaciones judiciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación.
“La Asociación señalamos que el incumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales para frenar dicha reforma constituye una clara ruptura del Estado de Derecho y una violación directa a la División de Poderes, pilar fundamental del sistema democrático en México. El respeto a las decisiones judiciales es una condición indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones”, sostuvieron.
A través de un comunicado, la asociación expresó una profunda preocupación ante la decisión de llevar a cabo un sorteo a través de una “tómbola” para seleccionar a jueces y magistrados federales que serán sustituidos en 2025.
Agregaron que este mecanismo transgrede los derechos humanos de las personas juzgadoras, genera una peligrosa falta de certeza y atenta contra los principios básicos de estabilidad y continuidad institucional.
“Esta medida representa una forma inusual e inapropiada de modificar la configuración de uno de los Poderes del Estado, violando toda técnica legislativa y constitucional, y sienta un precedente peligroso para la independencia judicial”, indicaron.
También señalaron que la implementación de la reforma judicial, contraviniendo las suspensiones otorgadas, pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum al generar una crisis constitucional.
“Por ello, hacemos un llamado urgente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a la civilidad democrática, al respeto a las instituciones y a la adopción de decisiones que se apeguen estrictamente a la División de Poderes y la legalidad”, indicaron.
