El gobierno de Ecuador decretó un nuevo estado de excepción en Quito y seis provincias del país debido al creciente aumento de la violencia relacionada con grupos narcotraficantes. La medida, que fue anunciada a través de un decreto presidencial este jueves, estará vigente por 60 días y busca hacer frente a la “grave conmoción interna y conflicto armado” que afectan a varias regiones.
Las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, la amazónica Orellana, la capital Quito y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez (en Azuay) fueron incluidas en esta medida excepcional. El decreto destaca un “incremento de hostilidades, delitos y la prolongada presencia de grupos armados organizados” en esas áreas.
Como parte de la resolución, se implementará un toque de queda de siete horas, que iniciará a las 22:00 horas locales (03:00 GMT) y afectará a las poblaciones de Guayas, Los Ríos, Orellana y Ponce Enríquez. Esta restricción busca contener el avance de la violencia, particularmente en las zonas más afectadas por el narcotráfico.
El estado de excepción, que permite suspender derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, se ha convertido en una herramienta clave en la estrategia del presidente, Daniel Noboa para combatir el crimen organizado. En enero, ante la escalada de violencia por parte de grupos narcotraficantes, Noboa declaró al país en “conflicto armado interno”, lo que permitió el despliegue de militares en las calles de forma permanente para contrarrestar a más de una veintena de organizaciones que el gobierno califica como terroristas.
Este nuevo estado de excepción sucede al que concluyó en septiembre, tras 90 días de vigencia en otras seis provincias. Noboa ha mantenido la medida de manera continua desde el inicio de su mandato, en respuesta a la creciente influencia de los grupos del narcotráfico en el país y la violencia que estos generan.
