La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han condenado enérgicamente la represión de manifestaciones en Venezuela, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La CIDH insta al Estado venezolano a respetar los derechos de libertad de expresión, reunión pacífica, trabajo periodístico y a garantizar la seguridad de los manifestantes.
Desde el fin de la jornada electoral, organizaciones de la sociedad civil han contabilizado al menos 300 protestas espontáneas en todo el país. Estas manifestaciones exigen atención a denuncias de graves irregularidades en el conteo de votos, falta de transparencia, fraude electoral y obstáculos en el proceso de auditoría ciudadana. De estas, al menos 115 han sido violentamente reprimidas por el Estado, siguiendo una advertencia previa del entonces candidato Nicolás Maduro sobre la posibilidad de “un baño de sangre y una guerra civil en el país”.
La represión ha sido llevada a cabo con el apoyo de grupos civiles armados conocidos como “colectivos”, quienes actúan con el consentimiento estatal bajo el “Sistema Popular de Protección para la Paz”. Según las organizaciones, estos grupos han sido responsables de graves violaciones de los derechos humanos, generando la responsabilidad internacional del Estado venezolano por su tolerancia y colaboración en estas acciones.
En cuanto a las violaciones del derecho a la vida e integridad personal, las organizaciones de la sociedad civil han registrado más de 11 personas fallecidas, la mayoría jóvenes, incluyendo al menos dos adolescentes. La mayoría de estas muertes fueron causadas por disparos con arma de fuego, algunos en la espalda o en la cabeza, lo que podría ser caracterizado como ejecuciones extrajudiciales. Además, la violencia ha dejado más de 40 personas gravemente heridas.
Respecto al derecho a la libertad, el Ministerio Público informó que al menos mil 62 personas han sido detenidas. Entre los detenidos, hay adolescentes menores de 18 años y estudiantes universitarios, quienes enfrentan acusaciones de terrorismo y otros delitos. Se denuncian violaciones al debido proceso y la imposibilidad de elegir libremente a su defensa legal. Además, se han registrado al menos 11 desapariciones forzadas.
Los líderes de la oposición también han sido objeto de persecución. El dirigente opositor y exdiputado, Freddy Superlano, fue detenido y presuntamente torturado por autoridades venezolanas el 30 de julio. La lideresa de oposición, María Corina Machado, quien cuenta con medidas cautelares de la CIDH desde 2019, ha sido intimidada por el Ministerio Público por denunciar irregularidades en el conteo de votos.
Asimismo, se han reportado amenazas a la residencia de la Embajada de Argentina, donde se refugian al menos seis opositores políticos, generando preocupación por las garantías de inviolabilidad de las embajadas.
En cuanto a la libertad de expresión, se han reportado bloqueos a medios de comunicación y agresiones a periodistas y trabajadores de medios. Estas agresiones incluyen detenciones arbitrarias, impedimentos para la cobertura periodística y hostigamientos. Al menos 60 casos de agresiones a la libertad de expresión han sido registrados, incluyendo al periodista Jesús Romero, herido mientras cubría manifestaciones. Cinco periodistas fueron detenidos y al menos cuatro deportados.
La CIDH reafirma que la protesta pacífica es un elemento fundamental en las sociedades democráticas.
