El sector empresarial de México exigió la implementación de un Programa Nacional de Seguridad en el Transporte para combatir el robo al autotransporte de carga. La propuesta incluye la instalación de centros de reacción inmediata en diversas ciudades y el fortalecimiento de mecanismos para denuncias anónimas, con el objetivo de reducir la cifra negra de delitos no reportados.
En un reciente análisis, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) subrayó la necesidad de una estrategia nacional efectiva e integral de seguridad. El CEESP enfatizó que para enfrentar la impunidad es vital fortalecer las instituciones de justicia, garantizar la independencia del poder judicial y erradicar la corrupción.
El CEESP destacó la importancia de mejorar el sistema de seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, y consolidar la autonomía y eficiencia de la Fiscalía General para asegurar una justicia expedita. Además, demandó estrategias claras del gobierno para garantizar la seguridad en zonas específicas, como las rutas de tránsito de mercancías y los puntos logísticos clave.
El CEESP señaló que un Programa Nacional de Seguridad en el Transporte debe incluir acciones dirigidas a combatir el robo al autotransporte de carga y la instalación de centros de reacción inmediata en diversas ciudades. Fortalecer y atender las denuncias anónimas contribuiría significativamente a enfrentar la impunidad, un fenómeno que ha prevalecido durante décadas y ha erosionado la confianza en las instituciones de justicia.
El organismo empresarial destacó que la falta de castigo para quienes cometen delitos ha incrementado los niveles de violencia, creando un clima de inseguridad que perpetúa la violencia y la corrupción. Para enfrentar la impunidad en México, es crucial fortalecer las instituciones de justicia, garantizar la independencia del poder judicial y erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno. Además, es necesaria una mayor colaboración entre las autoridades y la sociedad civil para abordar este problema de manera integral y efectiva.
El CEESP insistió en que la prevención de la inseguridad es de suma importancia. Con una tasa de criminalidad en constante aumento, es imprescindible implementar estrategias efectivas para proteger a la población y garantizar su seguridad. Entre las medidas propuestas están el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, la promoción de una cultura de denuncia y colaboración ciudadana, y la inversión en programas de prevención del delito. Estas políticas deben abordar la desigualdad social y mejorar el acceso a la educación y oportunidades laborales, así como la infraestructura y los servicios básicos en diversas áreas del país.
El sector privado reafirmó su compromiso de contribuir a la construcción de un ambiente donde todos los sectores del país puedan desarrollarse de manera eficiente y permanente. Un entorno en el que prime el estado de derecho, con reglas claras que estimulen la inversión para un crecimiento sano y sostenido.
