Este miércoles, varios grupos de defensa de los migrantes presentaron una demanda contra el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, cuestionando un decreto que impone restricciones al asilo en la frontera con México. La medida ha generado controversia y resistencia entre las organizaciones que abogan por los derechos de los migrantes.
Recientemente, Biden emitió una orden ejecutiva que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que soliciten asilo cuando el promedio de cruces irregulares en siete días supere los 2 mil 500. La frontera se reabriría cuando esta cifra disminuya a mil quinientos. El decreto contempla excepciones para menores que viajan solos, víctimas de “una forma grave de tráfico”, migrantes con visado y aquellos que lleguen a un puerto de entrada por una vía legal, como la aplicación móvil CBP One.
Además de permitir el cierre de la frontera, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas. Estas nuevas disposiciones han provocado una fuerte reacción de las organizaciones de defensa de los migrantes, especialmente en un año electoral en el que Biden busca captar el voto del electorado latino.
“No nos quedó otra alternativa más que exigir”, afirmó Lee Gelernt, directivo de la poderosa Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones demandantes, en un comunicado.
La medida de Biden, diseñada para gestionar el flujo de migrantes en la frontera sur, ha sido criticada por limitar el acceso al asilo y endurecer las políticas migratorias. Los defensores de los migrantes argumentan que estas restricciones violan los derechos humanos y el debido proceso de los solicitantes de asilo.
La demanda presentada por los grupos de defensa busca revertir el decreto y garantizar que los migrantes tengan acceso a un proceso de asilo justo y equitativo.
