El principal problema que enfrenta México en la procuración y administración de justicia, especialmente en el combate a la trata de personas, es el círculo vicioso de la impunidad, afirmó Luis Raúl González Pérez, profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Según el académico, la ausencia de responsables fomenta la comisión de conductas ilegales, incluyendo la trata, un flagelo que vulnera la dignidad humana y derechos fundamentales como la integridad, la seguridad, la privacidad, y la libertad.
González Pérez destacó que las víctimas de trata sufren impactos físicos, psicológicos y sociales, por lo que es necesario brindar una protección integral que vaya más allá del ámbito penal. Esta protección debe facilitar la recuperación y reintegración de las víctimas a la sociedad. Para ello, el Estado debe crear las condiciones para que las víctimas ejerzan plenamente sus derechos, adoptando un enfoque diferenciado que se ajuste a sus necesidades específicas según su vulnerabilidad.
En el marco del Seminario Permanente sobre Violaciones Graves a los Derechos Humanos, González Pérez subrayó la importancia de la preparación y profesionalización de los operadores de justicia para ofrecer garantías especiales a los grupos más vulnerables. Sin embargo, Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM, enfatizó la necesidad de dotar a las leyes de recursos suficientes para ser efectivas. Criticó la política de austeridad que afecta la atención a víctimas y la reparación del daño, subrayando que sin una decisión política presupuestal, la ley se vuelve inalcanzable.
González Pérez, autor del capítulo “Víctimas de trata de personas: necesidades específicas” en el Manual sobre Trata de Personas, explicó que el combate a la trata se ha centrado en el delito, pero es esencial adoptar un enfoque que también respete los derechos humanos de las víctimas. Este enfoque victimocéntrico debe perseguir el delito y asegurar la responsabilidad de los perpetradores, complementando el modelo criminocéntrico.
La identificación de las víctimas de trata y la protección de sus derechos es compleja, afectando el desarrollo eficaz de los procedimientos judiciales. Factores como la explotación oculta, el desconocimiento de la propia victimización y la falta de capacitación de los operadores de justicia dificultan la denuncia y cooperación de las víctimas con las autoridades.
González Pérez destacó que la vulnerabilidad de las víctimas, derivada de su origen, edad, sexo, situación socioeconómica, nivel educativo, entre otros factores, agrava su explotación. Opinó que México no ha sido capaz de materializar los derechos establecidos en las normas ni de asignar los recursos necesarios para su protección, debilitando las instituciones encargadas de hacerlos efectivos.
La lucha contra la trata de personas en México requiere no solo de un enfoque integral y diferenciado, sino también de un compromiso real en términos de recursos y profesionalización, para romper el círculo de impunidad y proteger efectivamente a las víctimas.
