En una decisión unánime, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la constitucionalidad del procedimiento de juicio político iniciado por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. El fallo, emitido el 31 de enero de 2023, confirmó que el Congreso local tiene la facultad para iniciar juicios políticos contra cualquier funcionario.
El alto tribunal rechazó el argumento de invalidez presentado por García Sepúlveda en su controversia constitucional. El gobernador argumentaba que la Ley de Juicio Político de Nuevo León era inválida por no haber sido refrendada por el titular de la Contraloría y Transparencia del estado. Sin embargo, la SCJN aclaró que la Contraloría estatal no tiene competencia en estos procedimientos y que la ley solo requiere las firmas del gobernador y del secretario general de gobierno para su validez.
Además, por mayoría de siete votos contra tres, y con el voto pendiente del ministro Jorge Mario Pardo, la SCJN invalidó una parte del artículo 203 de la Constitución de Nuevo León. Este artículo establecía que el acusado, en este caso Samuel García, debía ser separado de su cargo por orden del Congreso. La mayoría de los ministros consideró que esta facultad implicaba imponer una sanción, lo cual es competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la entidad. Así, determinaron que García Sepúlveda deberá permanecer en su cargo hasta que el Tribunal se pronuncie como jurado de sentencia y resuelva definitivamente el juicio político.
