La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n revis\u00f3 la sentencia de un amparo promovido por un Oficial de la Guardia Nacional en contra de diversos art\u00edculos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, as\u00ed como de su acto de aplicaci\u00f3n consistente en la admisi\u00f3n de un informe de presunta responsabilidad administrativa por falta no grave, a causa del extrav\u00edo de su arma de fuego durante un recorrido.<\/p>\n\n\n\n
El Juzgado de Distrito sobresey\u00f3 en una parte el juicio y concedi\u00f3 el amparo en contra del art\u00edculo 75, fracci\u00f3n III, de la legislaci\u00f3n reclamada, que prev\u00e9 la destituci\u00f3n como sanci\u00f3n aplicable a faltas no graves. Lo anterior, tras concluir que tal disposici\u00f3n es contraria al principio de proporcionalidad de las sanciones contemplado en el art\u00edculo 22 de la Constituci\u00f3n Federal, al no existir una diferencia material entre la sanci\u00f3n de destituci\u00f3n
prevista para las faltas graves, y la se\u00f1alada para las no graves.
En desacuerdo, el Presidente de la Rep\u00fablica interpuso recurso de revisi\u00f3n. El Tribunal Colegiado dej\u00f3 firme el sobreseimiento y reserv\u00f3 jurisdicci\u00f3n a la Suprema Corte para conocer sobre el tema de constitucionalidad planteado.
En su sentencia, la Primera Sala determin\u00f3 revocar la protecci\u00f3n constitucional concedida, al estimar que la sanci\u00f3n de destituci\u00f3n prevista en el precepto reclamado para las faltas no graves es congruente con lo dispuesto en la fracci\u00f3n III del art\u00edculo 109 de la Constituci\u00f3n Federal, que dispone, entre otras cuestiones, que las sanciones aplicables, en general, a los actos u omisiones que trastoquen los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempe\u00f1o de los servidores p\u00fablicos, consistir\u00e1n en amonestaci\u00f3n,
suspensi\u00f3n, destituci\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n, as\u00ed como en sanciones econ\u00f3micas; y deja en manos de la legislaci\u00f3n secundaria establecer los procedimientos para investigar y sancionar los actos y omisiones que constituyan faltas administrativas.
El Alto Tribunal reflexion\u00f3 que si la propia Constituci\u00f3n Federal prev\u00e9 un cat\u00e1logo general de sanciones \u2014entre ellas, la destituci\u00f3n\u2014 aplicables a la comisi\u00f3n de actos u omisiones que sean contrarios a los principios rectores del servicio p\u00fablico, sin distinguir entre si son faltas graves o no, entonces no puede considerarse que el legislador federal haya creado una sanci\u00f3n administrativa desproporcional, trat\u00e1ndose de faltas no graves, solo por guardar coincidencia con aquella prevista para las que s\u00ed lo son, m\u00e1xime que, donde la Constituci\u00f3n no distingue, no existe imperativo que obligue al legislador a distinguir.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la Sala sostuvo que la sanci\u00f3n analizada tiene una racionalidad interna con la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas que salvaguarda su compatibilidad con el principio de proporcionalidad de las sanciones contenido en el art\u00edculo 22 de la Ley Fundamental.
Ello es as\u00ed, debido a que si bien, en el art\u00edculo 75 citado, se prev\u00e9 la destituci\u00f3n como una de las sanciones aplicables por la comisi\u00f3n de faltas administrativas no graves; esa sanci\u00f3n no es la \u00fanica que el legislador dispuso para esos escenarios, sino que, conforme al propio texto de la norma, es factible que la autoridad sancionadora imponga una o varias de las siguientes sanciones: amonestaci\u00f3n p\u00fablica o privada (fracci\u00f3n I); suspensi\u00f3n en el empleo, cargo o comisi\u00f3n (fracci\u00f3n II); e inhabilitaci\u00f3n temporal para desempe\u00f1ar empleos, cargos o
comisiones en el servicio p\u00fablico y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras p\u00fablicas (fracci\u00f3n IV).
Adem\u00e1s, la Sala resalt\u00f3 que, conforme al art\u00edculo 76 de la Ley General analizada, la comisi\u00f3n de una falta no grave no necesariamente da lugar a la destituci\u00f3n del infractor, sino que, para imponer cualquier sanci\u00f3n por faltas no graves, el legislador precis\u00f3 determinados par\u00e1metros de individualizaci\u00f3n, consistentes en: (i) el nivel jer\u00e1rquico y los antecedentes del infractor; entre ellos, la antig\u00fcedad en el servicio; (ii) las condiciones exteriores y los medios de ejecuci\u00f3n, y (iii) la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.
Por lo tanto, corresponde a la autoridad sancionadora seleccionar dentro del cat\u00e1logo de sanciones enunciadas en el precepto controvertido, aquella que corresponda mejor con los par\u00e1metros de individualizaci\u00f3n antes enunciados. Y si la persona servidora p\u00fablica infractora no est\u00e1 de acuerdo con una eventual destituci\u00f3n, puede combatir tal determinaci\u00f3n como un tema de legalidad que no trasciende a la constitucionalidad del precepto en estudio, sino que solo ata\u00f1e a su correcta individualizaci\u00f3n.
A partir de estas razones, la Primera Sala revoc\u00f3 la sentencia impugnada y orden\u00f3 devolver el asunto al Tribunal Colegiado para la resoluci\u00f3n de las cuestiones de legalidad subsistentes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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