La recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en México registró una caída real de 5.3% entre enero y septiembre de 2026, un comportamiento que especialistas consideran una señal de alerta sobre el desempeño de la economía, la generación de empleo formal y la rentabilidad de las empresas.
Durante los primeros nueve meses del año, los ingresos obtenidos por este impuesto ascendieron a 2.2 billones de pesos, por debajo de los 2.3 billones previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se trata del retroceso más pronunciado para un periodo similar desde 2009, año marcado por los efectos de la crisis financiera internacional.
El descenso fue impulsado principalmente por menores pagos de ISR por parte de las empresas, tras reportar utilidades más reducidas en sus declaraciones anuales. A ello se suma el débil crecimiento del empleo formal, que ha limitado la expansión de la base de contribuyentes y de las retenciones salariales.
Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que entre enero y octubre se crearon alrededor de 571 mil empleos formales, una de las cifras más bajas registradas fuera de los años afectados por la pandemia de COVID-19.
A pesar de este escenario, la recaudación derivada de los salarios de trabajadores formales ha funcionado como un amortiguador para las finanzas públicas. Las retenciones realizadas sobre nómina han contribuido a sostener parte de los ingresos tributarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), compensando parcialmente la menor aportación proveniente de las utilidades empresariales.
Especialistas advierten que la evolución del ISR es un indicador relevante de la actividad económica, ya que refleja tanto el desempeño de las empresas como la dinámica del mercado laboral. Por ello, la caída observada en 2026 podría anticipar retos adicionales para la recaudación y el crecimiento económico durante los próximos meses.
El comportamiento de este impuesto será seguido de cerca por autoridades y analistas, pues su evolución impacta directamente la capacidad del Estado para financiar programas, obras y servicios públicos en todo el país.



