La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, afirmó que México debe transformar su modelo de desarrollo para enfrentar la crisis climática, reducir las desigualdades y colocar la conservación de los ecosistemas como eje central del crecimiento económico.
Durante la conferencia magistral “Justicia climática y ambiental”, impartida en la Universidad Iberoamericana, la titular de la Semarnat sostuvo que no puede existir justicia social sin justicia ambiental, por lo que llamó a replantear las decisiones públicas y productivas para proteger el patrimonio natural del país y a las comunidades más vulnerables.
Bárcena advirtió que los efectos del cambio climático impactan con mayor fuerza a las poblaciones en situación de pobreza y recordó la responsabilidad de las naciones desarrolladas de apoyar financieramente una transición justa que permita enfrentar pérdidas y daños derivados del calentamiento global.
Como parte de esta estrategia, anunció que México trabaja en la elaboración de su Plan Nacional de Adaptación, el cual será presentado en la COP31. Explicó que este instrumento busca acercar la información científica a la población mediante una plataforma interactiva y georreferenciada que permita identificar riesgos climáticos en cada territorio y promover soluciones desde las comunidades.
La funcionaria subrayó que el cambio climático debe ser considerado un tema de seguridad nacional debido a sus efectos sobre el agua, la producción de alimentos, las zonas costeras y la infraestructura, por lo que destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones, sectores productivos, academia y ciudadanía.
En materia ambiental, propuso revisar y homologar los impuestos ambientales estatales para que los recursos recaudados se destinen directamente a la conservación y restauración de ecosistemas. Asimismo, destacó la relevancia del pago por servicios ambientales como una herramienta para reconocer y apoyar a ejidos y comunidades que protegen bosques y selvas.
Bárcena recordó que México mantiene el compromiso de reducir en 35 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, mediante acciones como el impulso a las energías renovables, la electromovilidad y la economía circular.
Además, resaltó la recuperación de más de 306 mil hectáreas de concesiones mineras ubicadas en Áreas Naturales Protegidas y el objetivo de restaurar cerca de 59 mil hectáreas en 76 sitios prioritarios del país.
Finalmente, convocó a fortalecer la justicia ambiental mediante una mayor participación del Poder Judicial y destacó la importancia del Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de las personas defensoras del medio ambiente.
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