La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma que fortalece la protección penal de los derechos de propiedad intelectual en México, con el objetivo de combatir de manera más estricta la falsificación de marcas, la piratería y la distribución ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalado con 312 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones. La propuesta modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para actualizar el marco legal y adecuarlo a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
Entre los principales cambios destaca el endurecimiento de las sanciones contra quienes divulguen, distribuyan o comercialicen obras, libros, fonogramas o videogramas sin autorización antes de su lanzamiento oficial. Estas conductas podrán ser castigadas con penas de cuatro a diez años de prisión y multas de hasta 20 mil días de salario en UMA.
Además, la reforma contempla castigos para quienes evadan medidas tecnológicas de protección, fabriquen dispositivos destinados a vulnerarlas o alteren información relacionada con la gestión de derechos de autor.
Otro de los puntos relevantes es el fortalecimiento de la reparación del daño a favor de las víctimas. El dictamen establece que la indemnización no podrá ser inferior al 40 por ciento del precio de venta al público del producto o servicio legítimo afectado. También se permitirá optar por compensaciones que van de 340 a 50 mil UMA, dependiendo de la gravedad del perjuicio causado.
La legislación incorpora el concepto de “escala comercial”, que permitirá perseguir con mayor eficacia actividades ilícitas ligadas a la obtención de beneficios económicos mediante la venta, distribución o almacenamiento de productos falsificados.
Asimismo, se crea un nuevo delito para sancionar la utilización o imitación de identidades gráficas, dominios electrónicos y documentos oficiales de instituciones públicas con fines de engaño. Quienes incurran en estas prácticas podrían recibir hasta cinco años de prisión y multas de hasta 10 mil UMA.
La reforma también elimina la necesidad de que exista una denuncia previa de los titulares de derechos para que las autoridades puedan actuar en casos de falsificación de marcas a escala comercial, permitiendo que estos delitos sean perseguidos de oficio.
Tras su aprobación en lo general, el proyecto continuó con la discusión en lo particular de las reservas presentadas por legisladores sobre diversos artículos del dictamen.
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