El Gobierno de Italia prepara el despliegue de 500 militares en la ciudad de Milán para reforzar las labores de seguridad después de los disturbios, saqueos y enfrentamientos registrados durante las protestas del fin de semana contra el aumento del costo de vida.
La medida, que será analizada por el Consejo de Ministros, contempla que los elementos del Ejército colaboren temporalmente con la Policía y los Carabineros en tareas de vigilancia y control, con el objetivo de proteger la actividad comercial y prevenir nuevos episodios de violencia.
Las movilizaciones reunieron a estudiantes, agricultores y camioneros inconformes con el encarecimiento de la vida. Sin embargo, varios actos violentos ocurrieron al margen de las protestas. En distintas zonas del centro de Milán se reportaron saqueos a comercios, daños materiales y enfrentamientos que dejaron decenas de agentes de seguridad lesionados.
Ante el escenario, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, aseguró que el Gobierno actuará con firmeza para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población. En el mismo sentido, el viceprimer ministro Matteo Salvini calificó los disturbios como hechos inaceptables y adelantó que las autoridades responderán de manera inmediata.
El ministro de Defensa, Guido Crosetto, explicó que el despliegue requerirá un marco legal específico para permitir que los militares ejerzan funciones de apoyo policial durante un periodo limitado, previsto inicialmente para tres meses. La propuesta ha generado críticas entre sectores de la oposición, que consideran que la medida podría derivar en una excesiva militarización de la ciudad.
Mientras tanto, comerciantes de la capital financiera italiana han comenzado a reforzar medidas de protección en sus negocios. Algunos establecimientos retiraron mercancía de los escaparates y otros optaron por cerrar temporalmente ante el temor de nuevos actos vandálicos.
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, las autoridades identificaron a 270 personas relacionadas con los disturbios, de las cuales alrededor de 220 eran menores de edad. Además de las detenciones realizadas durante el fin de semana, el Ejecutivo italiano analiza endurecer su respuesta mediante restricciones a determinadas concentraciones públicas y sanciones más severas para quienes participen en actos violentos.
La primera ministra Giorgia Meloni condenó los hechos y subrayó que existe una diferencia clara entre el derecho ciudadano a manifestarse y las acciones que ponen en riesgo la integridad de las personas o causan daños al patrimonio público y privado. Con ello, el Gobierno busca enviar un mensaje de respaldo a las manifestaciones pacíficas, al tiempo que endurece su postura frente a la violencia registrada en las calles de Milán.
