El Gobierno de México anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios estatales como parte de una estrategia para reducir la sobrepoblación en las cárceles y fortalecer los procesos de reinserción social. El proyecto fue presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las nuevas instalaciones sumarán una capacidad conjunta para 18 mil 480 personas privadas de la libertad y se prevé que entren en operación hacia 2028. De acuerdo con las autoridades, el objetivo es atender la creciente presión que enfrenta el sistema penitenciario nacional tras el aumento de detenciones registrado en los últimos años.
Los seis nuevos centros serán construidos en Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sonora y Veracruz. En el caso de Sinaloa, el penal será el primero en iniciar su construcción debido a la necesidad de fortalecer la infraestructura penitenciaria de la entidad tras recientes hechos de violencia registrados en centros de reclusión.
Las autoridades destacaron que estos complejos formarán parte de un nuevo modelo penitenciario operado exclusivamente por instituciones públicas, dejando atrás esquemas de participación privada utilizados en administraciones anteriores. Además, la inversión será cubierta con recursos federales.
El proyecto contempla infraestructura de alta seguridad, sistemas de videovigilancia permanente, equipos de inspección y tecnología destinada al bloqueo de señales de comunicación inalámbrica para evitar operaciones ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios.
También se implementará un sistema de clasificación de las personas internas con base en el nivel de riesgo, perfil criminológico y tipo de delito cometido, con el propósito de mejorar el control y la gobernabilidad de los centros.
Sin embargo, el enfoque no estará limitado a la seguridad. El diseño incluye espacios especializados para educación, capacitación laboral, actividades deportivas y servicios de salud, con la intención de fortalecer los procesos de reinserción social y reducir la reincidencia delictiva.
De manera paralela, el gobierno federal analiza posibles mecanismos legales que permitan disminuir la saturación en algunos centros penitenciarios, particularmente en entidades que presentan altos niveles de sobrepoblación. Entre las opciones se estudian medidas para personas procesadas por delitos menores, siempre bajo criterios legales y de seguridad.
Con esta estrategia, las autoridades buscan ampliar la capacidad del sistema penitenciario, mejorar las condiciones de internamiento y avanzar hacia un modelo que combine seguridad, orden y oportunidades de reintegración para quienes cumplen una sanción.
