El Senado de la República abrió el debate para fortalecer las herramientas legales contra el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales, una problemática que especialistas y legisladores consideran una amenaza creciente para la seguridad y el desarrollo de las infancias en México.
Durante el foro “De la protección a la acción: evitando la utilización de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado”, el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera de la Rosa, destacó la necesidad de crear un tipo penal específico que permita sancionar a quienes reclutan o utilizan a menores de edad para la comisión de delitos.
El legislador señaló que la intención es construir una propuesta sólida que defina con claridad esta conducta, establezca agravantes y armonice la legislación vigente para responder de manera más eficaz ante este fenómeno, el cual advirtió que no debe considerarse únicamente un problema de seguridad pública.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, subrayó que las niñas, niños y adolescentes deben crecer en entornos seguros y alejados de la delincuencia, por lo que llamó a reforzar las acciones institucionales para proteger sus derechos.
En el mismo sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Laura Esquivel Torres, alertó que muchas veces el reclutamiento criminal comienza con falsas promesas de pertenencia o reconocimiento, por lo que consideró indispensable ofrecer mayores oportunidades de desarrollo, educación y bienestar para las juventudes.
Especialistas participantes respaldaron la creación de una figura jurídica autónoma para castigar estas prácticas. El director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Jorge Nader Kuri, afirmó que la medida cuenta con sustento técnico y una perspectiva de derechos humanos.
Asimismo, representantes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y de UNICEF México coincidieron en que el combate al reclutamiento requiere una estrategia integral que incluya prevención, detección temprana, fortalecimiento comunitario y entornos digitales más seguros.
Los participantes advirtieron que el fenómeno afecta no solo a las víctimas directas, sino también al tejido social de las comunidades, por lo que llamaron a impulsar acciones coordinadas entre autoridades, sociedad civil y organismos especializados para proteger a la niñez y adolescencia del país.
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