La política mexicana podría entrar en una nueva etapa a partir de 2028. El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que establece nuevas reglas para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La modificación fue avalada por 22 congresos estatales, cifra necesaria para alcanzar la mayoría de las legislaturas locales y avanzar en el proceso de reforma constitucional. Con ello, el Senado formalizó la aprobación de los cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.
Durante la sesión, la secretaria de la Mesa Directiva, Lizeth Sánchez García, informó el cómputo correspondiente de las entidades que respaldaron la propuesta. Posteriormente, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, realizó la declaratoria oficial de aprobación del decreto.
La reforma busca que quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo federal, los poderes ejecutivos estatales o el gobierno capitalino cuenten únicamente con nacionalidad mexicana. De esta manera, además de ser mexicanos por nacimiento, las personas candidatas no deberán tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con ella, deberán renunciar previamente conforme a los procedimientos que establezca la legislación aplicable.
El proyecto también precisa que esta disposición incluye situaciones como el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro país, el ejercicio de derechos políticos ante gobiernos extranjeros y la solicitud de protección diplomática de otra nación.
Otro punto relevante es que la reforma no tendrá efectos inmediatos para quienes actualmente ocupan estos cargos. De acuerdo con el régimen transitorio, las nuevas disposiciones serán aplicables a partir de los procesos electorales de 2028, una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Tras la declaratoria emitida por la Cámara de Senadores, el documento fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el procedimiento constitucional. Después de ello, será enviado al Poder Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.
La aprobación marca un paso más en el debate sobre los requisitos para ocupar los cargos de mayor responsabilidad política en el país y abre una discusión que seguramente seguirá presente rumbo a las elecciones de los próximos años.