La Asamblea Legislativa de Bolivia destituyó este fin de semana al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien fue detenido días atrás y enfrenta acusaciones relacionadas con una presunta protección al narcotráfico. En su lugar, el Parlamento designó como fiscal general interino al abogado José Armando Urioste, quien asumirá el cargo mientras se desarrolla el proceso para nombrar a una nueva autoridad titular.
La decisión se produjo durante una extensa sesión legislativa que comenzó la noche del viernes y se prolongó hasta la madrugada del sábado. Previamente, diputados y senadores aprobaron una modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público para incorporar un mecanismo que permite la suspensión definitiva del fiscal general cuando exista una imputación formal o una medida cautelar personal por delitos sancionados con prisión.
Con el nuevo marco legal ya vigente, la Asamblea procedió a votar la destitución de Mariaca y posteriormente abrió el proceso para elegir a un fiscal interino. Tras varias rondas de votación entre los candidatos propuestos por las distintas fuerzas políticas, José Armando Urioste obtuvo el respaldo de más de dos tercios del Legislativo.
El presidente del Senado, Diego Ávila, informó que Urioste rendirá protesta el próximo lunes y permanecerá al frente del Ministerio Público hasta que el Parlamento concluya el proceso constitucional para designar a un nuevo fiscal general titular.
La reforma que abrió la puerta a la destitución fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y promulgada de forma inmediata por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en medio de una creciente controversia política y jurídica derivada del caso.
Los acontecimientos marcan un nuevo episodio en la vida política boliviana, donde la remoción de la máxima autoridad del Ministerio Público y la rápida designación de un relevo interino han colocado nuevamente al sistema de justicia en el centro del debate nacional.