México tomó distancia de la resolución aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Nicaragua, al no respaldar las referencias que vinculan la realidad política y de derechos humanos de ese país con posibles amenazas para la paz y la seguridad hemisférica.
La postura del Gobierno mexicano quedó asentada mediante una nota al pie dentro del documento aprobado durante la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. La decisión se fundamenta en los principios de política exterior establecidos en la Constitución, particularmente la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en asuntos internos, la igualdad jurídica entre los Estados y la solución pacífica de controversias.
Al explicar la posición de México, el embajador Alejandro Encinas, representante permanente ante la OEA, señaló que es necesario mantener una clara distinción entre los temas relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos y aquellos que realmente constituyen amenazas para la paz y la seguridad internacionales. En ese sentido, sostuvo que ampliar la categoría de amenazas a cuestiones esencialmente políticas o de derechos humanos es una postura que México no puede acompañar.
La resolución aprobada por la OEA incluye diversas medidas dirigidas al gobierno de Nicaragua, entre ellas la liberación incondicional de personas consideradas presas políticas, el esclarecimiento de casos de desaparición forzada, la restitución de nacionalidades y derechos, así como el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas.
A pesar de sus reservas respecto a algunos apartados del documento, México reiteró su compromiso con la promoción de los derechos humanos, el diálogo y la cooperación internacional. Asimismo, reafirmó que continuará guiando su actuación internacional bajo los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias.
La resolución también contempla la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, cuya función será mantener el diálogo, dar seguimiento a la situación en ese país y formular recomendaciones para futuras acciones dentro del organismo regional.
