El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de autor, combatir la piratería y la falsificación de marcas, así como actualizar el marco legal frente a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y el comercio electrónico.
El dictamen fue avalado en lo general por 72 votos a favor y 34 en contra, mientras que en lo particular recibió el respaldo de la mayoría legislativa tras el rechazo de las reservas presentadas por legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Con ello, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, destacó que las modificaciones permiten armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de fortalecer la protección de creadoras, creadores, inventoras e inventores frente a prácticas como la piratería y la falsificación que han evolucionado mediante sistemas tecnológicos y nuevas formas de operación comercial.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, señaló que las reformas responden a una nueva realidad marcada por la digitalización, el comercio electrónico y la distribución transfronteriza de contenidos y mercancías, fenómenos que han transformado las dinámicas de vulneración a los derechos de propiedad industrial.
Entre los cambios aprobados destaca la ampliación del catálogo de delitos relacionados con derechos de autor y propiedad industrial, así como la incorporación del criterio de “escala comercial” para sancionar conductas que busquen obtener beneficios económicos mediante la explotación ilícita de obras, marcas o contenidos protegidos.
La reforma también establece penas de entre cuatro y diez años de prisión para quienes divulguen o distribuyan sin autorización obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos antes de su lanzamiento oficial. Asimismo, tipifica el uso indebido de identidades gráficas institucionales, dominios electrónicos o documentos oficiales cuando se utilicen para inducir al error o engaño con fines ilícitos.
Otro de los aspectos relevantes consiste en que la falsificación de marcas y diversas actividades vinculadas con su producción, almacenamiento, transporte, distribución o comercialización podrán ser perseguidas de oficio cuando se realicen a escala comercial. Además, se fortalecen las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para emitir dictámenes técnicos y colaborar en la obtención de pruebas durante investigaciones.
La discusión generó posturas encontradas entre las fuerzas políticas. Legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron las modificaciones al argumentar que protegen la innovación, la creatividad y el conocimiento frente a nuevas modalidades de piratería digital. En contraste, senadores de oposición advirtieron sobre posibles riesgos para la libertad de expresión, al considerar que algunas disposiciones podrían prestarse a interpretaciones que afecten la sátira, la crítica política o las expresiones difundidas en redes sociales.
Pese a los desacuerdos, la mayoría legislativa sostuvo que la reforma no busca limitar la libertad de expresión ni sancionar los memes o la crítica pública, sino combatir conductas fraudulentas y fortalecer la protección jurídica de la propiedad intelectual en México. Con su aprobación en el Senado, el proyecto avanzó a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.