Gobierno de México reafirma prioridad nacional para atender desapariciones

El Gobierno de México reafirmó que la atención a la desaparición y no localización de personas constituye una prioridad nacional, al tiempo que reiteró su compromiso de mantener el diálogo y acompañamiento a las madres buscadoras, sus familias y colectivos de búsqueda.

Ante el pronunciamiento de cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno mexicano reconoció que persisten desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia, pero destacó las reformas legales, políticas públicas y acciones implementadas para atender esta problemática.

Precisó que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras, y aseguró que cada caso es atendido con la debida diligencia. Asimismo, condenó cualquier acto de violencia contra quienes participan en labores de búsqueda.

El Gobierno señaló que mantiene cooperación con organismos internacionales, entre ellos la ONU-DH, el UNFPA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para fortalecer la asistencia técnica y capacitación de las instituciones responsables.

Como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, destacó 10 acciones, entre ellas la implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Plataforma Única de Identidad, así como el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

También contempla una mayor coordinación entre las comisiones de búsqueda y fiscalías, el fortalecimiento de los registros oficiales y la incorporación de las comisiones nacional y estatales de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

El Gobierno de México reiteró su disposición a mantener la cooperación internacional y el diálogo con los mecanismos de derechos humanos, así como a compartir información objetiva y verificable sobre los avances y retos en materia de búsqueda y atención a las familias.

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