El Senado de la República inició el debate de una reforma constitucional que busca establecer como requisito que quienes aspiren a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuenten únicamente con la nacionalidad mexicana al momento de contender por esos cargos.
La propuesta plantea modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución con el objetivo de evitar que las personas que ocupen la titularidad de los poderes ejecutivos federal y estatales mantengan una doble nacionalidad durante el ejercicio de dichas responsabilidades.
Durante la presentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que la iniciativa no busca afectar a las y los mexicanos que poseen otra nacionalidad, ni cuestionar su identidad o compromiso con el país, sino establecer condiciones específicas para cargos que involucran decisiones estratégicas para la nación.
De acuerdo con los argumentos expuestos en el Pleno, la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México son posiciones vinculadas con temas como seguridad nacional, relaciones internacionales y representación del Estado mexicano, por lo que se plantea reforzar los requisitos de elegibilidad.
Por su parte, el senador Saúl Monreal Ávila señaló que la reforma tiene como propósito fortalecer la soberanía nacional y evitar posibles conflictos derivados de vínculos jurídicos con otros Estados. Añadió que renunciar a una nacionalidad extranjera no modifica la historia personal, el origen familiar ni las raíces culturales de las personas, sino que constituye un requisito legal para acceder a determinados cargos de elección popular.
El proyecto establece que, además de ser mexicanas o mexicanos por nacimiento, quienes busquen contender por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán no tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con una, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, conforme a lo que disponga la legislación aplicable.
La propuesta también contempla que queden prohibidas conductas asociadas al ejercicio de una nacionalidad extranjera, como el uso de pasaportes expedidos por otro país, el ejercicio de derechos políticos ante gobiernos extranjeros o solicitar protección diplomática distinta a la mexicana.
Asimismo, el dictamen prevé sanciones constitucionales para quienes incumplan estas disposiciones y establece que, de aprobarse la reforma, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral.
Con ello, el Senado abrió un debate que coloca en el centro la relación entre nacionalidad, requisitos de elegibilidad y el ejercicio de los cargos públicos de mayor responsabilidad en el país.