A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el Gobierno de México anunció avances en las investigaciones gracias a un nuevo análisis de documentos, registros telefónicos y evidencia recopilada desde 2014.
Las autoridades informaron que este trabajo permitió construir cuatro nuevas líneas de investigación con apoyo de herramientas técnicas y científicas, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Uno de los hallazgos más relevantes surgió del análisis de comunicaciones telefónicas, que permitió identificar a 17 nuevos objetivos de investigación y reconstruir vínculos entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, corporaciones policiales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias de la región.
Como parte de esta línea, las investigaciones detectaron comunicaciones entre presuntos integrantes de la organización criminal y personal de funerarias y del sector salud. Además, se estableció que el propietario de una funeraria utilizó un teléfono perteneciente a uno de los estudiantes desaparecidos. Esto derivó en cateos realizados en 2025, donde fueron localizados restos humanos, documentación, un arma de fuego y un horno crematorio sin registro oficial.
Posteriormente, entre marzo y junio de 2026, se realizaron búsquedas en instalaciones vinculadas al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala, recuperándose 23 indicios, entre ellos fragmentos óseos, restos biológicos, prótesis dentales y diversos materiales que continúan bajo análisis pericial. A petición de las familias, el Equipo Argentino de Antropología Forense participa en la revisión de los hallazgos.
La segunda línea de investigación se centra en el rastreo de tres teléfonos celulares pertenecientes a estudiantes desaparecidos. El análisis de los usuarios que utilizaron los equipos después de los hechos permitió obtener nuevos elementos de prueba e incluso sustentar una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Las autoridades también investigan a un policía municipal que habría utilizado uno de los dispositivos y revisan información que refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados a instalaciones municipales durante los hechos.
La tercera línea deriva de la revisión integral de expedientes acumulados durante más de una década. Este trabajo permitió identificar a una persona que tenía 14 años al momento de los acontecimientos y cuya participación no había sido detectada previamente. Su testimonio aportó nuevos elementos relacionados con integrantes de Guerreros Unidos.
Por otra parte, la cuarta línea de investigación aborda el presunto ocultamiento de videograbaciones captadas por cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero la noche de la desaparición. De acuerdo con las autoridades, esta indagatoria permitió reconstruir decisiones tomadas por funcionarios de alto nivel en relación con el manejo del material audiovisual.
Como resultado de estas investigaciones fueron detenidas dos exfuncionarias del Poder Judicial estatal y, posteriormente, se concretó la detención del exgobernador de Guerrero por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 normalistas.
Durante la presentación de los avances, autoridades federales reafirmaron que el caso permanece abierto y que las madres y los padres de los estudiantes continúan en el centro de las acciones de búsqueda y justicia. Asimismo, señalaron que se fortalecerá la colaboración con expertos internacionales y organismos especializados en derechos humanos.
El Gobierno de México informó que entre las acciones inmediatas destacan la ampliación de las búsquedas, el fortalecimiento de las investigaciones sobre las videograbaciones y las funerarias involucradas, así como el acompañamiento permanente a las familias de los estudiantes desaparecidos.
