En Estados Unidos, la estrategia conocida como “fentanilo caminando” volvió al centro del debate político y judicial. Se trata de una práctica en la que agentes de la DEA permiten que cargamentos de fentanilo sigan su recorrido bajo vigilancia, sin decomisarlos de inmediato, con el objetivo de identificar a redes completas de distribución y construir casos de mayor alcance.
La polémica surgió porque, entre 2023 y 2025, cientos de miles de pastillas circularon en Nuevo México mientras los agentes recopilaban información. Un reporte documentó incluso una entrega de 74 mil pastillas que no fueron incautadas. Aunque en mayo de 2025 se logró un decomiso de tres millones de pastillas, la investigación reveló que cantidades mayores habían circulado previamente sin ser detenidas.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, encabezado por el republicano James Comer, abrió una investigación y solicitó al Departamento de Justicia documentos sobre estas operaciones. El objetivo es determinar cómo se aplicaron los protocolos y qué criterios se usaron para decidir cuándo intervenir.
La controversia se intensifica porque en 2024 se modificaron las reglas internas: antes se ordenaba decomisar el fentanilo de inmediato, pero las nuevas directrices dieron mayor discrecionalidad a los agentes para valorar riesgos frente a beneficios de mantener una investigación abierta.
El debate se centra ahora en si esas decisiones respetaron la ley y hasta dónde se extendió la práctica fuera de Nuevo México. Mientras tanto, el Departamento de Justicia revisa si tácticas similares se aplicaron en otras regiones, y la DEA defiende que sus investigaciones buscan desmantelar organizaciones completas, aunque reconoce la complejidad de equilibrar seguridad pública con operaciones de largo plazo.
La investigación del Congreso marcará el rumbo sobre el uso futuro de esta estrategia y su impacto en la lucha contra el tráfico de fentanilo en Estados Unidos.
