La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el 86 por ciento de la población capitalina está a favor de legalizar la eutanasia, de acuerdo con una encuesta realizada por su administración. Con base en este resultado, adelantó que se comenzará a trazar una ruta legal y de debate público que permita garantizar el derecho a una muerte digna para personas en etapa terminal o con enfermedades graves.
Brugada explicó que la iniciativa deberá considerar la opinión de la ciudadanía, los testimonios de familiares y personas cuidadoras, así como la participación de especialistas en bioética y salud, además de organizaciones civiles. “Este gobierno cree en la autonomía personal frente al sufrimiento intolerable”, expresó, al reconocer que las movilizaciones sociales han contribuido a ampliar el debate y a definir una posible legislación para la capital.
La mandataria recordó que la Ciudad de México ha sido pionera en la ampliación de libertades que inicialmente parecían imposibles y que, con el tiempo, se han convertido en derechos reconocidos legalmente. En este sentido, aseguró que la legalización de la eutanasia representa un paso más en esa ruta de transformación.
Por otra parte, Brugada informó que, como parte de los compromisos con las familias de personas desaparecidas, se propuso incorporarlas al Sistema Público de Cuidados y se inició un programa de apoyo mensual de más de 2 mil 600 pesos para hijas e hijos de personas desaparecidas, desde su nacimiento y hasta los 18 años o la conclusión de sus estudios.
Asimismo, anunció que en los próximos días se entregarán pulseras con código de identificación a personas adultas mayores o en situación de riesgo de extravío, con el propósito de facilitar su localización mediante el servicio de Locatel.
A un año del compromiso establecido con las familias de personas desaparecidas, la jefa de Gobierno destacó que se ha cumplido el 80 por ciento de los 30 puntos acordados, entre ellos el fortalecimiento de la Comisión de Búsqueda y de la fiscalía, así como el incremento de personal para evitar la saturación de casos entre policías de investigación y agentes del Ministerio Público.
