La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó la imposición de sanciones a 17 personas servidoras públicas por faltas graves y no graves, con medidas que incluyen inhabilitaciones de hasta 10 años, destituciones, suspensiones y amonestaciones públicas.
De acuerdo con la dependencia, las sanciones derivaron de investigaciones realizadas por la Unidad de Responsabilidades y diversos Órganos Internos de Control. En los casos de faltas graves, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) fue el encargado de determinar las sanciones.
Entre los casos destacan dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, quienes fueron inhabilitados por cuatro años tras solicitar presuntamente 70 mil pesos a un usuario a cambio de no aplicar una multa relacionada con una falla en su medidor.
En el ISSSTE, un servidor público fue inhabilitado por 10 años y sancionado con 180 mil pesos por utilizar una cédula profesional que no le pertenecía para desempeñarse como Licenciado en Nutrición. En tanto, un trabajador del Banco del Bienestar recibió dos años de inhabilitación y una sanción económica de 13 mil pesos por realizar retiros de cuatro cuentas sin autorización de sus titulares.
También se sancionó a una funcionaria de la Secretaría de Salud con tres meses de inhabilitación por intervenir en la contratación de tres sobrinos. En el SAT, dos servidores públicos fueron suspendidos durante 60 días por no restablecer oportunamente el Certificado de Sello Digital de una empresa.
Por faltas no graves, la dependencia reportó sanciones contra servidores públicos de Pemex, Guardia Nacional, INAH, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Las medidas incluyeron desde suspensiones de ocho a 15 días hasta la destitución de cuatro integrantes de la Guardia Nacional, quienes presentaron certificados de bachillerato no válidos como requisito para obtener la licencia de portación de armas de fuego.
La Secretaría señaló que las sanciones fueron determinadas conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad. Asimismo, recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones.
Finalmente, invitó a la ciudadanía a denunciar posibles actos contrarios a la legalidad, integridad y ética pública a través de denuncias.gob.mx, y refrendó su compromiso de combatir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones.