La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el decreto que dio origen al Fondo de Pensiones para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2024. El Pleno concluyó que el procedimiento legislativo fue válido, al garantizar la participación de todas las fuerzas políticas y cumplir con el principio de publicidad del dictamen.
La resolución también avaló la transferencia de recursos de las subcuentas de retiro, cesantía y vejez hacia el Fondo, sin necesidad de resolución judicial, siempre que no hayan sido reclamados por las y los trabajadores al cumplir 70 años en el IMSS o 75 años en el ISSSTE. La Corte aclaró que los ahorros siguen siendo propiedad de las personas trabajadoras y sus beneficiarios, quienes pueden reclamarlos en cualquier momento.
El esquema garantiza la imprescriptibilidad del derecho y obliga al Fondo a mantener reservas suficientes, contar con un Comité Técnico que dicte reglas claras de administración e inversión, y sujetarse a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
