La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel deriva de una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de la República, como resultado de las indagatorias relacionadas con el aseguramiento de millones de litros de combustible. Este procedimiento forma parte de las acciones emprendidas por las autoridades para combatir el contrabando de hidrocarburos y fortalecer el Estado de derecho. No obedece a una consigna partidista ni responde a acusaciones fabricadas.
En un Estado democrático, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes realizar las investigaciones y presentar los elementos de prueba ante los órganos jurisdiccionales. Será la autoridad judicial, con pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales, quien determine las responsabilidades que, en su caso, procedan.
Resulta irresponsable intentar descalificar una investigación en curso atribuyéndole motivaciones políticas sin sustento. Quienes buscan presentar este caso como un acto de persecución pretenden desviar la atención de los hechos que son objeto de investigación y del compromiso institucional para combatir actividades ilícitas que afectan la economía y la seguridad del país.
La aplicación de la ley debe realizarse sin distingos, privilegios ni excepciones. Nadie puede estar por encima de la ley, independientemente de los cargos públicos que haya desempeñado o de su afiliación política. El fortalecimiento de las instituciones exige que las investigaciones se conduzcan con imparcialidad, transparencia y apego estricto al marco legal.
