La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en seguimiento a las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum ante los fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, el Gobierno de México inició el 13 de julio una serie de acciones legales, diplomáticas y administrativas para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos de los connacionales.
Entre las medidas emprendidas destaca la presentación de una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual será entregada por la Embajada de México en coordinación con la Fiscalía General de la República.
Asimismo, el Gobierno de México comenzó la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes en Estados Unidos, a través de su embajada y de la red consular mexicana.
De igual forma, se iniciaron acciones civiles mediante el envío de escritos de cese y desistimiento a centros de detención donde han fallecido personas mexicanas. El primer documento fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, donde se han registrado cuatro decesos de connacionales. El objetivo es exigir el cese inmediato de prácticas y omisiones que pudieron contribuir a estas muertes, entre ellas la falta de acceso oportuno a servicios médicos y la aplicación de políticas incompatibles con estándares médicos y penitenciarios. Estas acciones constituyen el primer paso para una eventual presentación de demandas civiles.
En el ámbito internacional, el titular de la SRE notificó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sobre estos casos y solicitó que su oficina recabe información de las autoridades estadounidenses, evalúe la compatibilidad de los hechos con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y emita las recomendaciones correspondientes.
La Cancillería señaló que estas medidas forman parte de la etapa de investigación necesaria para determinar las acciones judiciales que correspondan. Asimismo, reiteró su acompañamiento permanente a las familias de las víctimas mediante la red consular y reafirmó el compromiso del Gobierno de México de defender los derechos de las personas mexicanas en el exterior a través de los mecanismos institucionales y del derecho internacional.
