La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que solicitar información adicional en los procesos de extradición es un derecho legal y una obligación jurídica, con el objetivo de garantizar que las solicitudes cumplan con los requisitos establecidos en los tratados internacionales y la legislación nacional.
De acuerdo con el documento, esta facultad se sustenta en el Artículo 12 del tratado de extradición, que permite a la parte requerida pedir pruebas complementarias cuando considere que la información presentada es insuficiente para proceder. Esta revisión puede activarse incluso desde la fase inicial de detención provisional, para asegurar la legalidad del proceso.
La SRE explicó que este mecanismo es clave para verificar aspectos fundamentales como la doble incriminación del delito y la existencia de pruebas suficientes, evitando acciones que no cumplan con los estándares mínimos de legalidad.
Asimismo, se subraya que en el caso de nacionales mexicanos, la extradición no es obligatoria, sino una decisión discrecional del Estado, por lo que se requiere una evaluación más rigurosa y exhaustiva antes de cualquier determinación.
El documento también señala que la práctica mexicana está alineada con la legislación interna, particularmente con la Ley de Extradición, que exige claridad en la descripción del delito y la existencia de una orden de aprehensión para avanzar en el proceso.
En cuanto al contexto internacional, se destaca que esta práctica es recíproca con Estados Unidos, ya que ese país también solicita información adicional en casos complejos, lo que refleja un estándar compartido de revisión.
Según cifras oficiales, entre 2018 y mayo de 2026 se han presentado 269 solicitudes de extradición, de las cuales la mayoría permanecen en proceso o están sujetas a requerimientos adicionales de información, lo que evidencia la importancia de estos mecanismos de revisión.
El proceso de análisis en México incluye tres etapas:
- Revisión diplomática por la SRE,
- Evaluación por la Fiscalía General de la República,
- Y verificación judicial por un juez de Distrito.
Finalmente, la SRE reiteró que esta postura busca proteger el debido proceso, garantizar la legalidad y fortalecer la cooperación internacional en materia de justicia, bajo principios de reciprocidad y respeto a la soberanía.
