Como parte de la política de cero impunidad y combate a la corrupción, el Gobierno de México, a través de los Órganos Internos de Control (OIC) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Banco del Bienestar (BanBien), logró que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impusiera inhabilitaciones de hasta por 10 años y sanciones económicas a cuatro ex servidores públicos por la comisión de faltas administrativas graves.
Las investigaciones acreditaron diversas irregularidades que vulneraron la legalidad y la confianza ciudadana. En el caso del SAT, se detectó la asignación irregular de citas para trámites, utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.
En BanBien, las indagatorias demostraron que tres ex servidores públicos incurrieron en prácticas graves, entre ellas el retiro de recursos de cuentas bancarias sin autorización de los cuentahabientes, por un monto superior a 275 mil pesos, así como la realización de conciliaciones con información falsa.
Como resultado, las sanciones impuestas fueron las siguientes:
- Víctor R., exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT: inhabilitación por un año.
- Juan D., exsubjefe de área de BanBien: inhabilitación por 10 años y sanción económica.
- Orlando P., exauxiliar de sucursal de BanBien: inhabilitación por 10 años y sanción económica.
- Marco M., exasistente administrativo de BanBien: inhabilitación por 10 años y sanción económica.
Las multas económicas aplicadas oscilan entre 25 mil y 250 mil pesos. Las personas sancionadas conservan su derecho a impugnar las resoluciones; no obstante, las autoridades señalaron que defenderán las sanciones con apego a derecho y con base en evidencia sólida, priorizando el interés público.
Finalmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró que violar la ley tiene consecuencias y llamó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEc), subrayando que la honestidad y la rendición de cuentas son pilares para fortalecer la confianza en las instituciones públicas.
