La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, compareció este lunes ante la Comisión de Justicia del Senado, donde presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia de la FGR, una hoja de ruta que busca transformar a la institución mediante un modelo más eficiente, transparente y centrado en las personas.
El documento, entregado previamente al Poder Legislativo el 16 de abril, plantea una reconfiguración profunda de la Fiscalía para enfrentar la impunidad y combatir la corrupción, en cumplimiento del mandato constitucional. Godoy subrayó que México vive una etapa clave de transformación en materia de seguridad y justicia, marcada por reformas legales recientes y una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante su exposición, la fiscal contrastó el nuevo modelo con esquemas del pasado, a los que calificó como reactivos, punitivos y utilizados con fines políticos, al priorizar la criminalización de la protesta social. En cambio, explicó que la nueva visión privilegia la atención a las causas de la violencia, la ética institucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El plan se estructura en diez ejes estratégicos, que contemplan una reingeniería institucional para mejorar procesos, eliminar duplicidades y fortalecer áreas clave. Entre las acciones previstas destacan la reorientación del presupuesto hacia labores sustantivas de investigación, la consolidación de un servicio profesional de carrera y una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Godoy detalló que la Fiscalía migrará hacia una persecución penal estratégica, apoyada en inteligencia, análisis científico y tecnología, con el objetivo de desarticular redes criminales y no limitarse a la atención de casos aislados. También anunció la creación de un sistema informático nacional interoperable, que permitirá compartir información en tiempo real y mejorar la eficacia de las investigaciones.
El plan da prioridad a delitos de alto impacto como el feminicidio, la extorsión y la desaparición de personas, este último reconocido como una deuda histórica del Estado mexicano. En este rubro, la fiscal propuso fortalecer las capacidades forenses, mejorar los registros nacionales y ampliar la participación de colectivos de familiares en los procesos de búsqueda.
Finalmente, subrayó que el nuevo modelo coloca a las víctimas en el centro de la acción institucional, con énfasis en la reparación integral del daño, el derecho a la verdad y la no repetición, así como el impulso a mecanismos de justicia restaurativa. “Estamos ante una oportunidad inédita para avanzar hacia la paz y la justicia”, concluyó.
