El Senado de la República aprobó la minuta de reforma a la Ley de Vivienda, impulsada por la diputada federal Rosario Orozco Caballero, en conjunto con una iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, con el objetivo de armonizar el concepto de “vivienda adecuada” en la legislación mexicana, en concordancia con estándares internacionales de derechos humanos. La reforma tiene como finalidad fortalecer el derecho humano a una vivienda adecuada, al establecer parámetros claros, medibles y verificables que permitan evaluar su cumplimiento y asegurar condiciones mínimas para el acceso efectivo a este derecho social en México.
La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada Rosario Orozco Caballero en febrero de 2026 y se encuentra alineada con la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Cámara de Diputados, consolidando un esfuerzo conjunto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en materia de política pública de vivienda. La propuesta contempla la reforma al artículo 2 de la Ley de Vivienda, sustituyendo el término de “vivienda digna” por el de “vivienda adecuada”, a fin de dotar de precisión jurídica y contenido normativo al derecho reconocido en la Constitución.
Asimismo, se incorpora una fracción II Bis, en la que se establecen los siete elementos esenciales que integran el concepto de vivienda adecuada:
Seguridad de la tenencia
Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura
Asequibilidad
Habitabilidad
Accesibilidad
Ubicación
Adecuación cultural
Estos estándares permitirán mejorar la planeación, evaluación y ejecución de las políticas públicas en materia habitacional, así como reforzar la exigibilidad del derecho a una vivienda adecuada. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados en marzo y en el Senado de la República el pasado 21 de abril, la reforma fue turnada al Poder Ejecutivo Federal, quedando pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.
Con esta reforma, la diputada Rosario Orozco Caballero refrenda su compromiso con el bienestar de las familias mexicanas, así como con el fortalecimiento del derecho humano a una vivienda adecuada, en favor de un desarrollo social más justo, equitativo y sostenible en el país.
