El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 111 votos, una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el objetivo de fortalecer la supervisión del gasto público mediante mayor efectividad, cooperación institucional e innovación tecnológica.
El dictamen amplía las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para modernizar sus procesos, mejorar la trazabilidad de los recursos, reforzar la investigación de irregularidades y consolidar la coordinación con otras instancias, además de promover la participación ciudadana.
Entre los cambios, se incorporan herramientas digitales para agilizar procedimientos, como notificaciones electrónicas, y se crea un Registro de Información sobre recursos federales que concentrará datos detallados del ejercicio del gasto por parte de los entes públicos.
Asimismo, se establecen sanciones por incumplir con la entrega de información y se permite a la ASF investigar posibles faltas graves en cualquier momento, ya sea de oficio o por denuncia, sin depender del calendario fiscal. También se fija un plazo de 120 días hábiles para que la Auditoría determine el resultado de sus revisiones.
La reforma, enviada por la Cámara de Diputados, fue turnada al Ejecutivo Federal para su promulgación, con el objetivo de fortalecer la transparencia, combatir la opacidad y garantizar el uso responsable de los recursos públicos.
