Por Viviana Erika Solorio
Maestra en Administración y Políticas Públicas | Mtra. en Criminología
La interrupción del embarazo continúa siendo uno de los temas de salud pública y derechos humanos más estigmatizados a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los abortos no seguros provocan alrededor de 39 mil muertes cada año, una cifra que refleja una problemática prevenible, estrechamente vinculada con la falta de acceso a servicios de salud seguros, oportunos y libres de discriminación. [news.un.org], [fundacionmsi.org.mx]
La OMS ha señalado de manera consistente que el aborto es un procedimiento seguro y sencillo cuando se realiza bajo métodos adecuados y con personal capacitado. Sin embargo, cerca del 45 por ciento de los abortos en el mundo se llevan a cabo en condiciones de riesgo, principalmente en contextos donde existen barreras legales, sociales y económicas que empujan a las mujeres, niñas y adolescentes a la clandestinidad. [who.int]
Esta situación afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes, quienes en muchos países siguen siendo criminalizadas, estigmatizadas o incluso privadas de su libertad por interrumpir un embarazo, aun cuando en numerosos casos fueron víctimas de violencia sexual ejercida por hombres adultos. Lejos de protegerlas, estas prácticas agravan la desigualdad, vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo su vida y su salud.
Reconociendo esta realidad, en 2020 la OMS incluyó la atención integral para el aborto en la lista de intervenciones esenciales de salud, subrayando que el acceso al aborto seguro es un componente indispensable del derecho a la salud sexual y reproductiva. El organismo internacional ha reiterado que casi todas las muertes y complicaciones derivadas de abortos inseguros son totalmente evitables si se eliminan barreras innecesarias y se garantiza información, acompañamiento y atención médica adecuada. [who.int]
En México, la Ciudad de México fue pionera en este ámbito al aprobar en abril de 2007 la despenalización del aborto, marcando un antes y un después en la protección de la salud y los derechos de las mujeres. Esta política pública ha demostrado que cuando el aborto se atiende desde una perspectiva sanitaria y no punitiva, se reducen los riesgos, las muertes y las complicaciones, además de fortalecer la autonomía y la dignidad de quienes deciden interrumpir un embarazo.
Hablar de aborto seguro no es promoverlo, sino reconocer una realidad existente y asumir la responsabilidad de proteger vidas. Los datos de la OMS son contundentes: mientras persista la criminalización, el estigma y la falta de acceso a servicios de salud, miles de mujeres seguirán muriendo por causas evitables. Garantizar un enfoque de salud pública, justicia social y derechos humanos es, hoy más que nunca, una deuda pendiente a nivel global.
