El Gobierno de México rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, al considerar que es tendencioso y omite los avances logrados desde 2018 en la lucha contra las desapariciones forzadas. La administración mexicana señaló que el procedimiento de la Convención aplica a contextos donde las desapariciones son cometidas de manera sistemática por agentes del Estado, lo cual —afirmó— no corresponde a la realidad actual del país.
El informe se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, en cuatro estados, sin tomar en cuenta la información actualizada presentada por México. El gobierno destacó que desde 2019, y especialmente a partir de 2025, se han implementado reformas sustanciales, como la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir carpeta de investigación desde el primer reporte, la creación de la Base Nacional de Carpetas, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda.
México subrayó que no tolera ni ordena desapariciones forzadas y reafirmó su compromiso con la verdad, justicia y erradicación de este delito, en coordinación con colectivos de familiares y organismos internacionales.
