Con el objetivo de combatir la deforestación y evitar la legalización de cambios de uso de suelo realizados de forma ilegal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) firmaron el día de ayer un convenio de colaboración en el Ejido Bacalar, Quintana Roo.
El Acuerdo establece mecanismos de coordinación entre autoridades ambientales y agrarias para impedir que predios desmontados ilegalmente sean posteriormente regularizados mediante decisiones ejidales. Como parte central, la Profepa informará a la PA y al RAN sobre resoluciones firmes relacionadas con cambios de uso de suelo forestal sin autorización.
Con esta información, la Procuraduría Agraria se abstendrá de participar en asambleas donde se busque validar cambios de destino de tierras, lo que impediría la legalización de estos actos, ya que su presencia es requisito para la validez de dichas reuniones. Asimismo, el RAN inscribirá estas resoluciones para evitar la formalización de cambios de dominio en tierras ejidales o comunales.
Las autoridades destacaron que esta estrategia busca cerrar el paso a prácticas como la venta o arrendamiento de tierras sociales que son desmontadas ilegalmente para agricultura intensiva y luego regularizadas.
La Titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrell, subrayó que la coordinación interinstitucional es clave para proteger la Selva Maya. En tanto, el Procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera, advirtió sobre la creciente presión por deforestación y acaparamiento ilegal de tierras en la región.
En esta administración, Profepa ha clausurado 58 predios que abarcan más de 10 mil hectáreas y ha presentado 34 denuncias penales por delitos ambientales.
El Convenio también contempla impulsar alternativas productivas sustentables como turismo comunitario, manejo forestal y agroforestería, con el fin de proteger los ecosistemas y fortalecer a las comunidades.
Autoridades federales y estatales coincidieron en que este acuerdo representa un paso importante para proteger el territorio, garantizar certeza jurídica y frenar el deterioro ambiental en el sureste del país.
