El Gobierno de la Ciudad de México precisó que el acuerdo de facilidades administrativas en materia de reconstrucción no exime ni sustituye las atribuciones legales de las alcaldías en procesos de demolición, las cuales son obligatorias, ineludibles e inobjetables conforme a la ley.
A través de la Secretaría de Vivienda (SEVIVIENDA), el gobierno capitalino fijó su postura tras los señalamientos relacionados con el siniestro ocurrido en el inmueble de San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde perdieron la vida tres trabajadores. El titular de la dependencia, Inti Muñoz Santini, explicó que el acuerdo de facilidades tiene como único propósito agilizar trámites administrativos complementarios para iniciar obras de demolición en inmuebles con alto riesgo estructural, sin contravenir disposiciones legales ni constitucionales.
El funcionario subrayó que dicho mecanismo no constituye una licencia, ni releva a las autoridades competentes de sus responsabilidades de verificación, supervisión y autorización, establecidas en la Ley Orgánica de Alcaldías, el Reglamento de Construcciones y la normatividad en materia de verificación administrativa.
Asimismo, recalcó que la facultad exclusiva de supervisar y verificar demoliciones corresponde a las alcaldías, conforme al marco jurídico vigente, y que el cumplimiento de la ley es obligatorio para todas las autoridades involucradas.
Muñoz Santini informó que, en el caso del inmueble de San Antonio Abad 124, el particular solicitó adherirse al acuerdo de facilidades en octubre de 2025, lo cual fue analizado por la Comisión para la Reconstrucción —en la que participa la alcaldía Cuauhtémoc— y aprobado únicamente para la exención de algunos pagos de derechos y trámites secundarios, sin eliminar requisitos legales.
Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México reiteró que ha actuado con estricto apego a derecho, brindó acompañamiento a las familias de las víctimas a través de las instancias correspondientes y aseguró que continuará colaborando con las autoridades, además de dar seguimiento a las investigaciones en curso para el deslinde de responsabilidades.
