Durante la conferencia matutina, se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo central es actualizar el sistema electoral mexicano, fortalecer la legitimidad democrática, ampliar la participación ciudadana y racionalizar el gasto público en procesos electorales.
La propuesta parte de un principio fundamental: la pluralidad política debe ser expresión directa de la voluntad popular y no resultado exclusivo de acuerdos cupulares entre partidos. En este sentido, se plantea que toda representación política surja del voto ciudadano, fortaleciendo así el vínculo entre electores y representantes.
Democracia participativa y consultas populares
La iniciativa reconoce que los mecanismos de democracia participativa han sido utilizados de manera insuficiente frente a la creciente demanda social de mayor intervención en las decisiones públicas. Por ello, se propone establecer reglas constitucionales básicas y comunes para todas las entidades federativas, municipios y alcaldías, con el fin de consolidar un Sistema Nacional de Consultas Populares.
Además, se busca fortalecer figuras como el referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, incorporándolas de manera obligatoria en las legislaciones locales, para que la ciudadanía participe activamente en la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno.
Representación política y voto ciudadano
Uno de los ejes principales de la reforma es la transformación del sistema de representación proporcional en el Congreso de la Unión. Se propone que la Cámara de Diputados mantenga 500 integrantes, pero que todos sean electos mediante voto directo:
- 300 diputaciones por mayoría relativa, electas en distritos.
- 200 diputaciones de representación proporcional:
- 97 para los mejores perdedores de cada partido.
- 95 electos por circunscripción y partido, garantizando paridad de género.
- 8 diputaciones para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.
En el caso del Senado de la República, se conservaría la integración de 96 senadurías: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.
La reforma también define constitucionalmente a la diáspora mexicana, reconoce expresamente sus derechos políticos y facilita su participación electoral mediante mecanismos específicos.
Reducción del gasto electoral
Otro eje central es la reducción del costo de las elecciones, ante el elevado gasto histórico en procesos electorales y financiamiento de partidos. Tan solo en la elección de 2024, la Federación erogó alrededor de 36 mil millones de pesos, y las entidades federativas más de 25 mil millones.
La iniciativa propone un decremento del 25% en el costo total de las elecciones, mediante:
- Reducción del financiamiento público a partidos políticos en una cuarta parte.
- Disminución de recursos al INE, OPLES y tribunales electorales.
- Eliminación de duplicidad de funciones en órganos electorales.
- Ajuste de sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, conforme al artículo 127 constitucional.
- Reducción del número de regidurías municipales, con un máximo de 15 según la población.
Fortalecimiento del INE y fiscalización
La reforma plantea terminar con la hipertrofia administrativa de los organismos electorales. Para ello, se propone que el Instituto Nacional Electoral cuente con órganos temporales, suficientes para organizar elecciones y consultas, evitando estructuras permanentes innecesarias.
Asimismo, se desliga al INE de la designación y remoción de consejeros de los OPLES, respetando el federalismo electoral, aunque manteniendo la subordinación de estos organismos al INE en elecciones concurrentes.
En materia de fiscalización, se propone fortalecer al INE como autoridad exclusiva, tanto a nivel federal como local. La fiscalización no solo abarcará el uso correcto de los subsidios, sino también la prevención y combate al uso de recursos ilícitos en la política.
Se plantea la creación de un sistema de información cotidiana, que permita al INE acceder en tiempo real a las operaciones financieras de partidos y candidaturas, prohibiendo las aportaciones en efectivo y utilizando tecnologías para prevenir la captura criminal de los procesos electorales.
Regulación de propaganda e inteligencia artificial
La iniciativa reconoce la importancia de la libertad de expresión y el debate político, pero subraya la necesidad de que se desarrollen bajo una ética republicana y democrática. En este contexto, se propone definir con mayor precisión el concepto de propaganda política.
Se plantea la prohibición de campañas con bots calumniosos o mentirosos, así como la obligatoriedad de etiquetar contenidos generados con inteligencia artificial, con el objetivo de proteger derechos fundamentales frente a nuevas formas de manipulación digital.
Otros puntos relevantes
Entre otros aspectos destacados, la reforma:
- Reduce los tiempos de radio y televisión en periodo electoral de 48 a 35 minutos diarios por emisora.
- Elimina los PREP y establece que los cómputos distritales inicien al término de la jornada electoral, generando resultados preliminares oficiales.
- Permite el uso de voto electrónico en mecanismos de democracia participativa.
- Reitera la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular.
- Prohíbe la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular, a partir de 2030.
Una reforma de fondo
De acuerdo con lo expuesto, la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum no es un ajuste administrativo, sino una actualización integral del sistema electoral mexicano, orientada a que sea el pueblo quien mande y decida.
Su propósito es claro: fortalecer la legitimidad democrática, robustecer la fiscalización, racionalizar el gasto público, respetar el federalismo electoral y ampliar la participación ciudadana, bajo la premisa de que, si México ha cambiado, sus instituciones y su democracia deben seguir mejorando.
