En medio de la polémica por su destitución, el director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, respondió con firmeza: “No me voy”.
En un oficio dirigido al Órgano de Gobierno, Romero recordó que la Dirección General no puede removerse por acuerdos políticos, decisiones informales ni “voluntades” sin sustento jurídico. Subrayó que la ley es clara: cualquier remoción anticipada exige causas legales, debido proceso, derecho de audiencia y una resolución formal, no presiones ni linchamientos administrativos.
“Mientras eso no ocurra, conservo plenamente mis atribuciones y seguiré en el cargo”, afirmó el académico.
La postura de Romero abre un nuevo capítulo en la tensión institucional del CIDE, donde se debate no solo la gobernanza, sino el respeto a la autonomía y a los principios legales que rigen la vida académica.
