La Casa Blanca no negó este lunes que Estados Unidos ejecutó un segundo ataque contra supervivientes de un bombardeo previo a una presunta embarcación narcotraficante en el Caribe en septiembre, pero insistió en que la operación fue legal y exoneró al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de cualquier responsabilidad. La declaración se produce mientras el Congreso se prepara para investigar un posible crimen de guerra.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, afirmó que es “verdadero” que Hegseth no ordenó directamente el ataque al ser cuestionada por periodistas. Además, leyó un comunicado en el que la Administración defendió la controvertida acción, reportada inicialmente por The Washington Post, asegurando que se realizó “en aguas internacionales y en conformidad con el derecho en conflictos armados”.
“El presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales según las leyes de guerra”, declaró Leavitt. “El 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Frank Bradley a ejecutar estos ataques cinéticos. Bradley actuó dentro de su autoridad y la ley para neutralizar la amenaza contra EU”, agregó.
Bradley, entonces comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, habría supervisado la operación en la que murieron 11 personas tras ser atacada una presunta narcolancha. Según The Washington Post, citando fuentes anónimas, se realizó un segundo bombardeo para eliminar a dos supervivientes del primer ataque.
