Agentes de la Guardia Civil realizaron este viernes un registro en la sede central del PSOE para clonar la cuenta de correo electrónico corporativa de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido y figura clave en la investigación judicial por una presunta trama de corrupción vinculada a contratos públicos.
El operativo se llevó a cabo por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien también requirió a los agentes intervenir la cuenta de correo que José Luis Ábalos —exministro de Transportes (2018-2021) y otro de los investigados— utilizó durante su etapa en el Gobierno. Además, el juez solicitó información sobre el patrimonio y cuentas bancarias de Cerdán, citado a declarar el 30 de junio como investigado.
Según el auto judicial, existen “consistentes indicios” de que Cerdán habría participado en un esquema de presuntas comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones irregulares de obras públicas, actuando supuestamente como “distribuidor” de los fondos entre los implicados. Entre estos figuran Ábalos y Koldo García, asesor cercano al presidente Pedro Sánchez.
El escándalo, que estalló la semana pasada tras la difusión de un informe policial, ha sumido al Gobierno de Sánchez en su mayor crisis política desde 2018. El presidente, que llegó al poder denunciando casos de corrupción del Partido Popular, ha pedido “perdón” en varias ocasiones, asegurando desconocer las irregularidades.
Cerdán renunció a sus cargos en el PSOE y como diputado, mientras que Ábalos fue expulsado definitivamente del partido el lunes. Pese a las presiones de la oposición, Sánchez ha descartado dimitir o convocar elecciones anticipadas.
Este miércoles, el presidente negó en el Congreso que su formación recibiera financiación ilegal y se reunió con los partidos que sostienen su Gobierno en minoría para ofrecer explicaciones.
La intervención de los correos del partido supone un nuevo golpe para el PSOE, que enfrenta una creciente erosión de su imagen. La investigación judicial avanza mientras la oposición, liderada por el PP, exige responsabilidades políticas y judiciales.
El caso, bautizado como “KoldoGate” en alusión al asesor Koldo García, podría complicar aún más la frágil mayoría parlamentaria de Sánchez, en un contexto de tensiones con sus socios de gobierno.
