Las y los Integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores aprobaron, por mayoría de votos, la idoneidad de la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador de aspirantes a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismo que dejó Arturo Zaldívar.
Después de que comparecieron las aspirantes, la terna fue avalada por mayoría de 12 votos, cinco votos en contra y una abstención, por parte de la senadora Claudia Ruiz Massieu.
En primer instancia, Bertha María Alcalde Luján subrayó que es necesario contar con un Sistema de Justicia más equitativo y aseveró que la falta de acceso a la justicia es un reflejo de las profundas desigualdades sociales.
Además, señaló que se requiere dotar al Sistema de Justicia de una mayor legitimidad, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la SCJN deben abordar con mayor eficacia los problemas centrales que afectan la credibilidad del sistema judicial, como los privilegios, el influyentismo y la corrupción.
“Fortalecer la capacidad de vigilancia y sanción frente a irregularidades del Consejo de la Judicatura es, sin duda, otro pendiente en la Agenda Legislativa y de reingeniería institucional”, puntualizó.
Por su parte, Lenia Batres comentó que en el sistema constitucional de México no debería permitirse que los jueces emitan jurisprudencias ajenas o contrarias a normas constitucionales o legales, pues si bien el Poder Judicial tiene competencia para interpretar la norma, esta interpretación no debería convertirse en la emisión normativa.
Indicó que en el caso mexicano debe de reencauzarse la actuación del Poder Judicial hacia el límite constitucional y legal, “Es una necesidad republicana y democrática”,
Enfatizó que Poder Judicial invade doblemente la facultad del Poder Legislativo violando el artículo 49 constitucional y con ello “violenta también el principio de actuación democrática, que ha dispuesto que sólo el Poder Legislativo, en tanto representación del pueblo produzca las normas. actúa legislando, abrogando leyes completas aprobadas por el Poder Legislativo, con base en principios que él mismo definió y que asume deben cumplir los poderes legislativos, en los que determina elementos de validez de los procedimientos de los congresos que no existen en la ley”.
En su intervención ante los Senadores de la Comisión de Justicia, María Estela Ríos González dijo que la Constitución establece que ningún secretario de Estado, en funciones o con menos de un año de haber dejado el cargo, puede participar en la terna para ministra o ministro del máximo tribunal, por lo que que al ser la actual consejera jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador no resulta ser motivo para no ser elegida para el máximo tribunal.
“Si se hace una interpretación equiparándome como Secretaría de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público, el cual está establecido no solo en la Constitución sino en diversos tratados internacionales. Yo espero que esta explicación sirva para que no se pretenda restringir mi derecho”, dijo.
Aseveró que el presidente Andrés Manuel López Obrador jamás ha dado consignas ni le ha pedido que acuda ante los ministros de la Corte para tratar de dar alguna instrucción.
