La Fiscalía del Estado de México solicitó a la Autoridad Judicial una orden de aprehensión en contra de Raymundo “N”, Presidente Municipal de Toluca, y seis personas más que ya son investigadas por su presunta intervención en el hecho delictivo de secuestro exprés.
Los hechos se registraron el 12 de abril pasado en agravio de un servidor público del Ayuntamiento de Toluca. Se sabe que por instrucciones de Raymundo “N”, policías municipales del ayuntamiento de Toluca, habrían ingresado sin mandamiento judicial alguno o causa justificada, a las oficinas particulares de la víctima y lo privaron de su libertad para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal, donde lo mantuvieron en cautiverio.
Lo anterior motivó que se iniciara una investigación, la cual se lleva a cabo con perspectiva de género derivado de la relación de carácter conyugal existente en ese momento entre Raymundo “N” y Viridiana Rodríguez.
Esta tarde, a través de un comunicado de prensa, se informó que ayer se realizaron tres cateos, dos de estos en el municipio de Toluca y otro en Metepec, así como despliegues en las inmediaciones del Palacio Municipal y del Centro de Comando y Control (C2) del Ayuntamiento donde laboran los investigados para detenerlos, sin embargo, no se concretó la captura.
Por tanto, desde ese momento se le considera a Raymundo “N” sustraído de la acción de la justicia con fundamento en lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Adicionalmente, la Fiscalía mexiquense solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México, la emisión y publicación de la “Ficha Roja” correspondiente, así como al Instituto Nacional de Migración la expedición de una Alerta Migratoria, lo anterior en caso de que el investigado intente salir del país.
La Fiscalía mexiquense señala que continúa con las acciones operativas y de investigación que conlleven a la ubicación y aprehensión de Raymundo “N” y los seis investigados más, sin embargo se les debe considerar inocente hasta que exista una sentencia de condena en su contra.
