El gobierno ecuatoriano decretó un nuevo estado de excepción en siete de sus provincias, incluyendo la capital Quito, ante la escalada de violencia relacionada con el narcotráfico. La medida, que estará vigente durante 60 días, suspende derechos como la inviolabilidad del domicilio en zonas consideradas focos de conflicto.
Esta decisión se suma a las medidas excepcionales implementadas desde el año pasado, cuando el país se declaró en conflicto armado interno. La violencia narco dejó decenas de muertos y generó una profunda crisis de seguridad.
El presidente, Daniel Noboa justificó la medida por el aumento de homicidios y la presencia de grupos armados. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrán mayores facultades para realizar operativos y detenciones.
Provincias afectadas: Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, Orellana, Sucumbíos, Pichincha (Quito), Cañar y Azuay.
