La presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, Ana Buendía García, presentó en la tribuna del Órgano Legislativo, una iniciativa para añadir servicios de orientación jurídica en materia familiar, civil, laboral y penal en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, mejor conocidos como PILARES.
Para el propósito, el proyecto de decreto reforma el artículo 49, y se adiciona la fracción 12 al artículo 52, la fracción 5 al artículo 54, la fracción 6 al artículo 56 y la fracción 5 al artículo 57, todos de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para establecerles la facultad de brindar dichos servicios.
Explicó que, de esta manera, se contribuye a garantizar el acceso a la justicia, porque nadie debe quedar en estado de indefensión por falta de recursos económicos; se fortalece el Estado de Derecho, y al mismo tiempo, la asesoría gratuita contribuye al bienestar de las personas que enfrentan conflictos legales.
Al recalcar que esta nueva visión de asistencia jurídica busca una participación más activa del Estado, Buendía García destacó que la Organización Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que México es uno de los países con menor acceso a la justicia por los altos costos de la asesoría legal. En nuestra ciudad, puede oscilar entre los 1,500 y 3,000 pesos; es decir, que por cada 90 mil personas solo 41 mil pueden pagarla.
“Recibir una asesoría impartida por personal adscrito a un PILARES tendría una validación de certeza y, sobre todo, confianza para los ciudadanos. Los PILARES funcionan como punto de primer contacto con la ciudadanía, lo cual facilita de manera exponencial la prestación de servicios jurídicos gratuitos, evitando traslados hasta las instituciones públicas”, finalizó Ana Buendía.
A la iniciativa se suscribieron los diputados Elizabeth Mateos, Rosario Morales y Alberto Vanegas de Morena. Se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para su análisis y dictamen.
