El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este viernes la renovación por dos años más del mandato de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela, una resolución que ha generado una fuerte respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro. Esta misión internacional ha sido crítica del régimen, denunciando patrones de torturas, detenciones arbitrarias y persecución de opositores o personas percibidas como cuentos por el gobierno venezolano.
En su informe más reciente, presentado el pasado mes, la misión de la ONU destacó graves violaciones de derechos humanos durante las protestas que se desataron tras los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Entre los abusos documentados, se incluye el encarcelamiento y tortura de menores de edad, lo que ha intensificado la condena internacional.
La resolución aprobada no solo hace un llamado de atención sobre estas violaciones, sino que también subraya la persistente emergencia humanitaria que enfrenta el país. Según el documento, casi ocho millones de venezolanos han abandonado el país debido a la crisis, mientras que dentro de Venezuela, más de 7,6 millones de personas requieren asistencia para acceder a derechos básicos como la alimentación y la salud.
Otro aspecto alarmante señalado por la misión es el acelerado deterioro de las libertades democráticas. Se reporta que el número de presos políticos aumentó seis veces en el contexto posterior a las elecciones, reflejando una erosión de las garantías y libertades.
Frente a esta decisión de la ONU, el Gobierno venezolano no tardó en rechazarla enérgicamente, calificando la prórroga de la misión como una “muestra clara del extravío de las instituciones de Naciones Unidas”. Desde Caracas, insisten en que la misión actúa con sesgo político y tiene como objetivo socavar la soberanía del gobierno de Nicolás Maduro.
