La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de incurrir en violencia política de género contra Xóchitl Gálvez Ruiz. Esto se debe a sus declaraciones en una conferencia matutina, en las que afirmó que Gálvez obtuvo la candidatura presidencial del PAN, PRI y PRD por decisión de un grupo de personas con poder político.
El juicio se originó a partir de una denuncia presentada por Xóchitl Gálvez el 11 de julio de 2023 ante la Unidad de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). El asunto llegó a la Sala Especializada debido a las expresiones de López Obrador en 11 conferencias matutinas de julio y agosto de 2023.
En una sesión pública este jueves, por mayoría de dos votos contra uno del magistrado Rubén Lara Patrón, la Sala Especializada determinó la responsabilidad del presidente por sus afirmaciones, que según la sentencia, configuran violencia simbólica. Estas declaraciones tenían el objetivo de menoscabar el reconocimiento de los derechos políticos de Xóchitl Gálvez en base a su carácter de mujer e indígena, al reforzar el estereotipo de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos.
Aunque se determinó la responsabilidad del presidente, no se dictaron sanciones en su contra debido a su régimen especial, ni se ordenaron medidas de reparación como su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Según los criterios establecidos por la Sala Superior del TEPJF, el presidente no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, únicamente se le responsabiliza.
Sin embargo, la Sala Especializada también determinó la responsabilidad indirecta de varios funcionarios, entre ellos Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República; Martha Ramírez González, directora general de Comunicación Digital; y Daniel Ramírez Pérez, jefe de Departamento. Asimismo, fueron señalados Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), y Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital de la Presidencia, quienes estuvieron a cargo de la difusión del contenido infractor.
En el caso de estos funcionarios, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine las acciones correspondientes y se ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género por un año y medio.
